Xenofobia ¿quién la promueve?

Ayer colgaba un ¿post? en el que comentaba una noticia que tenía que ver con los inmigrantes y los servicios sociales. Hubo reacciones: los más callaron, unos se mostraron favorables a su publicación y otros consideraron xenófoba la noticia, xenófobo el escrito y xenófoba la intención.

Quiero significar que éste es un asunto del que debiéramos preocuparnos, de hecho hoy voy a “colgar” un artículo que en el mes de febrero de este año remití –para su publicación- en un periódico conocido como “Crónicas de Fuerteventura” pero la citada publicación entró, por aquellas fechas, en coma por síndrome económico negativo y no se pudo publicar.

Teniendo en cuenta los antecedentes creo no molestará su inclusión en este blog a Josechu Armas director del referido Crónicas de Fuerteventura. He intentado ponerme en contacto con él y me ha resultado imposible, le supongo buscando olas y vientos, que no es mal remedio para el espíritu dolorido bailar con las olas llevado por el alisio. Así que con el permiso de Josechu ahí va el referido artículo; una prueba más de que los pocos recursos que tenemos se administran mal tirando a peor y que la equidad es una virtud difícil de aplicar por la administración tal y como van a poder ver ustedes.

Si me dejan elegir, yo como los irregulares

(Recuerden, este artículo se escribió a primeros del mes de febrero del presente año)

No sé quién fue el que dijo que en España nos pasábamos la vida detrás de los curas unas veces lo hacemos llevando un cirio en la mano y otras llevamos un palo. Esto viene a cuento porque define bastante bien a este país de nuestros pecados en el que los ciudadanos y naturalmente los gobiernos constituyen el paradigma de aquello de “aquí o no llegamos o nos pasamos”.

Los lectores están al corriente –he de suponerlo- de una serie de controversias que han estado en las primeras de la prensa escrita y abriendo noticiarios de radio y televisión a cuenta del empadronamiento de los inmigrantes irregulares que, como saben ustedes, tras ese trámite tienen derecho a recibir atención sanitaria, acceso a la educación pública y a la asistencia social en plano de igualdad con los ciudadanos españoles.

Ha habido quien subrayó la contradicción que supone su derecho al empadronamiento –que la ley les reconoce- y a la concesión automática de unos derechos, gratis et amore, sin que se les garantice el derecho al trabajo y tampoco el sacrosanto derecho a pagar impuestos, lo que no es cuestión menor.

Otros se han inclinado por defender esos derechos desde el punto de vista del “buenismo humanitarista” subrayando que los inmigrantes son seres humanos y que nadie con sensibilidad puede oponerse a tan graciosa concesión.

También están los que han preferido acordarse de la crisis y de la brutal deuda que acosa nuestras cuentas públicas y se han lanzado a considerar que, no habiendo dinero para todos, debiera ser de aplicación aquello de que la caridad o solidaridad bien entendida comienzan por uno mismo.

Así que entre mensajes en uno y otro sentido, acusaciones de xenofobia y otras, la vida ha seguido su curso y hoy por hoy nadie parece ya acordarse del asunto.

Sin embargo quisiera hacer una reflexión analizando un hecho real, un suceso que nos sitúa, mal que nos pese, ante una injusticia flagrante que... una vez más nos regala la administración socialista. Comencemos:

Un vecino de Puerto Rosario, ciudadano español, el otro día a las 01,15 horas de la madrugada evitó que cinco chorizos se llevaran todo lo que les apeteciera de un supermercado cuya puerta habían forzado. En el rifirrafe que se organizó uno de ellos propinó una patada a nuestro ciudadano que fue capaz de evitar el robo e identificar y denunciar a los chorizos de marras.

Como sea que la patada le había impactado en una rodilla y dolía, los agentes de la PN le aconsejaron que se acercara a Urgencias para que le hicieran el correspondiente parte de lesiones. El facultativo que lo atendió le advirtió que debía acudir a su médico de familia para que le diera la baja correspondiente. Y ahí comienza el problema.

Nuestro ciudadano está en el paro y ya no tiene derecho a la tarjeta sanitaria, pero le informaron que podría ser atendido a través del “Documento Sanitario de Inclusión Temporal”, para lo que tenía que darse de alta en la tarjeta sanitaria de sus padres o de su pareja. Problema, el padre de nuestro ciudadano no tiene derecho a la asistencia sanitaria en el Servicio Canario de Salud por ser funcionario y estar acogido a una mutualidad y el joven no tiene pareja.

Se le aconsejó entonces acogerse a la beneficencia, pero al vivir en el domicilio paterno tampoco tenía derecho a esa prestación. Así que solución ninguna y alguno dirá: ¡hombre es que es un caso complicado! Pero si el derecho a la asistencia sanitaria gratuita en España es un derecho universal, me da lo mismo si es complicado o no, lo que pretendo son soluciones, no excusas.

¿Por qué al ciudadano que se le acaba el derecho a la tarjeta sanitaria hay que agregarlo a la de sus padres? ¿cuál es el motivo por el que un ciudadano finalizado su derecho a la dichosa tarjeta no pueda pasar directamente a utilizar ese documento sanitario de inclusión temporal?

Supongamos que este ciudadano se llamara Mamadou y fuera ciudadano senegalés, no existiría el problema, una vez arribado a nuestras costas se hubiera apresurado a acercarse hasta el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y allí amablemente le hubieran dado de alta en el padrón tras sacar una fotocopia al pasaporte senegalés exhibido por nuestro subsahariano.

Y con el certificado de empadronamiento le hubiera bastado acercarse hasta el Centro de Salud donde le hubieran concedido, sin más, ese maravilloso Documento de Inclusión Temporal que le habilita para recibir la misma asistencia sanitaria y farmacéutica que  los ciudadanos españoles que, claro no hayan agotado la prestación del paro y noventa días más.

Está claro que la situación de Mamadou ante la administración sanitaria es mejor que la de nuestro vecino de Puerto Rosario que, por cierto, también está empadronado.

Por tanto ruego a las dignísimas autoridades que no le quiten ningún derecho a los inmigrantes ilegales pero que tengan a bien conceder los mismos derechos a los ciudadanos españoles que hayan perdido, por mor del paro, su derecho a la Tarjeta Sanitaria.

Tampoco creo que sea pedir tanto, si me dejaran elegir y no molestara demasiado, en asistencia sanitaria yo quiero lo mismo que los irregulares ¡dónde va a parar!