Camps, los trajes y la independencia judicial

Absueltos

Desde ayer por la mañana tenía previsto comentar la comparecencia del nuevo ministro de Justicia, ante la Comisión correspondiente del Congreso; ciertamente me resulta muy satisfactorio comprobar como el gobierno del PP le mete mano a unas reformas por las que clamaba la inmensa mayoría de los ciudadanos y propone modificaciones importantes a  nuestra legislación, que se corresponden, no ya con la voluntad popular sino con el clamor de los ciudadanos que están hasta los pelos del funcionamiento de esta Justicia, ineficaz y sumisa ante el poder político.

Claro que por la tarde, la absolución de Camps ponía el foco de la actualidad sobre otra circunstancia, pero como Dios aprieta pero no ahoga, ciertamente puedo comentar las dos cosas a la vez, porque el “caso” de Camps y la independencia judicial o por ser preciso y veraz, la falta de independencia de la Justicia, tienen mucho que ver.

Por la mañana Alberto Ruiz Gallardón a petición propia comparecía ante la Comisión de Justicia del Congreso y anunciaba una serie de medidas de una importancia, extensión y calado como no recuerdan ni los más viejos del lugar. El Partido Popular en cumplimiento de su programa electoral está decidido a devolver la independencia al Poder Judicial. Resulta penoso el que haya que explicar que sin una separación de poderes real no existe la democracia y por tanto tampoco la libertad, estamos tan acostumbrados a la sumisión de la Justicia ante el poder político que a estas alturas, nos parece hasta natural.

El Gobierno está decidido a llevar a cabo ese trabajo y en ese sentido propone el Ministro al Legislativo para su debate y aprobación los siguientes proyectos legislativos de nueva creación:

Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Planta y Demarcación Judicial, Código Mercantil, Ley de Enjuiciamiento Criminal,  Ley de la Jurisdicción Voluntaria, Ley de Mediación. A estas leyes nuevas, añadir una serie de reformas que afectarán a la Ley del aborto y a la Ley de Menor, también se pretende introducir la Cadena Perpetua revisable y unas modificaciones que afectarán al tratamiento de la multirreincidencia.

Están muy claras las intenciones del Ejecutivo, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, vuelve al modelo previsto por nuestra Constitución sobre la elección de los miembros del Poder Judicial, doce de los cuales serán elegidos directamente por los propios jueces, cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. Se devuelve por tanto al Poder Judicial la independencia que le sustrajo el PSOE con la modificación del año 1985. La reacción socialista en el Congreso fue simple y llanamente la de advertir a Gallardón, que no le iban a permitir llevar a cabo esa reforma.

Uno no puede menos que preguntarse cómo pretenden evitarlo. Si es por la vía parlamentaria demuestran, que al menos su portavoz desconoce la norma. Para modificar el contenido de una ley orgánica es preciso simplemente el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del proyecto para ser aprobadas. Por tanto con 176 votos favorables el PP sacaría adelante la reforma y como casualmente los ciudadanos con sus votos le han dado recientemente a los populares 186 escaños, el PP no necesita de colaboración alguna para sacar adelante el proyecto.

Así que si el PSOE no puede hacerlo por la vía parlamentaria, sería bueno que quién mande en Ferraz, si es que hay alguien que lo haga, que nos explique claramente cómo van a “impedir” que la reforma se produzca; de verdad estaríamos todos muy interesados en saber que procedimientos, a falta del parlamentario, piensan utilizar. Puedo entender que desde el campo socialista se vea con auténtico terror la pérdida del torticero poder que ejercían sobre el CGPJ, pero así son las cosas, Rajoy ha ganado las elecciones, tiene mayoría absoluta y ha decidido poner en marcha las reformas que sobre la Justicia se anunciaban en su programa electoral, ya saben ustedes aquel programa del que Rubalcaba decía que estaba vacío de contenido.

La reforma de la Ley que regula el aborto se llevará a cabo en dos sentidos, por una parte se anunció que las menores que deseen abortar necesitarán del consentimiento paterno y por otro la nueva norma defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional. Sobre la Cadena perpetua revisable, nada que decir salvo que su creación responde al deseo mayoritario de los ciudadanos que exigen sea posible condenar  a los autores de delitos extraordinarios a una pena extraordinaria, pena plenamente constitucional y que por otra parte existe ya en Alemania, Francia e Italia, por mencionar alguno de nuestros socios que la tienen en funcionamiento.

Resulta extraordinariamente aleccionador y define perfectamente cómo es el Partido Popular, el que quiera hacer todas estas modificaciones, precisamente ahora cuando tiene prácticamente todo el poder en España. Es muy fácil reclamar cuando se está en la oposición, resulta mucho más difícil hacer lo que hay que hacer, cuando tienes las riendas del poder en tus manos y eso es lo que se ha  hecho.

Y dirá alguno ¿oiga y lo de Camps?, pues muy sencillo, lo han absuelto, tras someterlo al escarnio más absoluto, a la infamia pública, a la mofa y a la befa, el jurado popular lo ha absuelto. Los socialistas no le perdonarán jamás los “repasos” electorales que les infirió Camps, no le perdonarán jamás que dimitiera de su cargo, recuerden los que no estén convencidos de lo que digo, del cabreo monumental en las filas socialistas el día que Camps voluntariamente dimitió, tras ganar abrumadoramente las elecciones y desde luego no le van a perdonar jamás su absolución.

De acuerdo, insistirá alguno, pero lo de Camps qué tiene que ver con las reformas que propone el PP para la Justicia. Pues tiene mucho que ver, si en España la Justicia hubiera sido independiente, si los fiscales hubieran tenido la autonomía que deben tener, si la policía no hubiera estado al servicio del interés partidista del poder político, a Camps nadie lo hubiera procesado. Así de sencillo, así de fácil, así de claro, no hubiera habido “caso” Camps.

Por eso los socialistas no quieren que se cambie la ley, a ellos ya les iba bien tal y como estaba.