¡Vade retro amnistía fiscal!

Soraya y Montoro

Habrá que reconocer que el nuevo gobierno - lleva poco más de cien días en el poder - está instalado en una actividad frenética, en estos escasos días el gobierno del Partido Popular ha hecho más cosas que el de Zapatero en ocho años. Las consecuencias de esa actividad y sus decisiones, nos han instalado a todos en una suerte de viaje en una montaña rusa, pero no una de baratillo sino en una montaña rusa colosal, de categoría que diría un valenciano.

En pocos días hemos asistido a  la reforma laboral y a una inmensa cantidad de trabajo legislativo que tiene que ver con el sector financiero, con la transparencia, con la independencia del Poder Judicial, con el despilfarro y las responsabilidades de los políticos en la administración del dinero público, la subida de impuestos  y muchísimos asuntos más que tiene entre manos el gobierno de Rajoy que se ha visto obligado por las circunstancias, a hacer frente a una situación deplorable con una urgencia que imponía la propia situación y las exigencias de la UE, mientras la oposición en un alarde de irresponsabilidad se oponía a todas y cada una de las actuaciones de este gobierno.

Los sindicatos han despertado tras ocho años de letargo, IU y el PSOE sorprendentemente han cumplido una de sus promesas electorales, cuestión a la que no estamos acostumbrados y se han echado a la calle y viven la oposición instalados entre la algarada, la protesta callejera y la huelga.

En ese vértigo producido por las acciones del gobierno y las reacciones de la oposición hoy le toca a los Presupuestos Generales del Estado que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Los Presupuestos aplicarán una rebaja media en el gasto de los Ministerios del 16,9% para ahorrar unos 18.000 millones que se complementarán con una recaudación extra de 9.000 millones hasta conseguir los 27.300 millones de euros que contempla el ajuste que nos exigen los acuerdos tomados en su momento entre Zapatero y la UE.

Porque habrá que reconocer que estos recortes son, corregidos y aumentados por el retraso que se toman, los que tenía que haber aplicado el PSOE en su momento mientras gobernaba  y no lo hizo. Todos sabemos que el gobierno socialista se limitó a aplicar una política de paños calientes para evitar perjudicar sus expectativas electorales e intentar “pastelear” con la UE, Zapatero se limitó a cubrir el expediente y así nos luce el pelo ahora.

Dos cuestiones fundamentales, el Gobierno ha cumplido y no ha implementado el copago sanitario, tal y como juraban Rubalcaba, IU y los sindicatos con el fin de asustar a los votantes en Andalucía y Asturias y en el mismo sentido no ha subido el IVA.  El Gobierno aplica un recorte de  gastos muy importante tal y como he señalado y complementa las medidas de austeridad con un aumento en la recaudación con medidas que afectan al Impuesto de Sociedades del que  elimina con carácter indefinido una de las principales causas del desplome de la recaudación, la libertad de amortización en activos fijos, una medida del gobierno socialista creada en el 2010 de la mano de Elena Salgado, la de los “brotes verdes”, que favorecía a las grandes empresas y que produjo una caída brutal en la recaudación.

Se limita la deducción de gastos financieros al 30% del beneficio bruto de explotación, que queda sólo para el primer millón de euros y se elimina la libertad de amortización que se mantiene para las pymes, pero relacionada con la creación de empleo. Ya con carácter temporal se limitan las deducciones aplicadas al Fondo de Comercio que bajan del 5 al 1%, el límite máximo de deducciones baja diez puntos y queda fijado en el 25% y se regula restrictivamente el límite mínimo para el cálculo del pago fraccionado.

Y tras esta medida fiscal, la que más polémica va a suscitar. El gobierno anunció que ofrecerá la oportunidad de aflorar el dinero oculto a Hacienda tanto dentro como fuera de España con un pago único del 10% de su importe, sin que haya sanciones ni intereses de demora para los defraudadores. En definitiva una especie de amnistía fiscal, que técnicamente no lo es, porque las amnistías están prohibidas por la Constitución, con la que se estima recuperar algo más de 25.000 millones de dinero negro que volverían al control de Hacienda y que tributarían conforme a la legislación vigente a partir del próximo ejercicio y recaudar con la medida 2.500 millones de euros, a cuenta de ese gravamen reducido del 10%.

Si alguien me preguntara si me gusta la idea, tendría que decir que no. No me gusta nada que mientras que yo pago mis impuestos, me venga bien o me venga mal, ahora los que no lo han hecho tengan una oportunidad de oro para irse de rositas y a un precio muy adecuado. Eso es lo primero que se me viene a la mente, claro está que si reflexiono un poco más, he de decir que prefiero que los 2.500 millones de recaudación salgan del bolsillo de los malditos defraudadores antes que de los míos. Quiero decir que si el Estado necesita dinero y no lo saca de esa “amnistía fiscal” lo va a tener que sacar subiendo el IVA o aplicando medidas complementarias como el copago sanitario, tras esa reflexión la idea sigue sin gustarme un pelo pero me parece bastante más aceptable.

Se me dirá que lo que hay que hacer es perseguir a los defraudadores y obligarles a que paguen, y no puedo estar más conforme, lo que sucede que una cuestión no elimina la otra. Eso por una parte y por otra, teniendo presente que ese dinero negro, no se ha originado ahora, sino a lo largo del tiempo, he de suponer que es de muy difícil localización. Si los socialistas que ahora se apresuran a quejarse y oponerse a la medida, fueron incapaces de que ese dinero negro fuera descubierto y los defraudadores pagaran y sufrieran todo el peso de la ley ¿qué garantía tengo que los mismos Inspectores de Hacienda que han fracasado, ahora milagrosamente vayan a resultar capaces de localizarlo?

Quiero decir que a lo peor, porque este asunto de bueno no tiene nada, será mejor tragar saliva y obtener el 10% de algo, que ponernos dignos y recaudar el 0% de mucho y que, ante la evidencia indiscutible del fracaso de la lucha contra el fraude fiscal, el gobierno nos meta la mano en el bolsillo para hacerse con esos 2.500 millones que tan urgentemente necesita. Conste que medidas similares se han tomado con anterioridad en la España democrática, y más recientemente que yo sepa en Italia, USA y Alemania, pero en los últimos cincuenta años muchísimos países han llevado a cabo medidas de este tipo.

Bueno pues ya tenemos para unos días de discusión, los mismos que se han demostrado incapaces de llevar a cabo la persecución del fraude fiscal, se rasgan ahora las vestiduras a cuenta de la supuesta amnistía, hay que hacer ruido, para que nadie piense demasiado en una cuestión fundamental. El Gobierno ha aplicado medidas durísimas de ajuste pero  no ha congelado las pensiones, que de hecho actualizarán su poder adquisitivo, no ha bajado el sueldo de los funcionarios, mantiene las prestaciones por desempleo y mantendrá el “gasto social”, justamente lo contrario que hicieron los de Rubalcaba y compañía que, lo que son las cosas, ahora se presentan como los defensores de los más desfavorecidos.

Eso es lo que hay que subrayar, la cuestión de la amnistía fiscal forma parte de la única filosofía aplicable a la situación que tan alegremente nos dejaron los del PSOE, por ahora en España  sólo cabe pensar en lo de "que a la fuerza ahorcan”. Eso debemos agradecérselo a los mismos que ahora vociferan para ocultar sus vergüenzas.