La rapacidad de los alcaldes

Si hablamos de ayuntamientos, valga el de Madrid

Entre los muchísimos asuntos que está acometiendo este gobierno, que debe reformar obligatoriamente muchas de nuestras estructuras  por muy impopular que ello resulte, se encuentra la de la Administración, un proyecto que está en marcha y que contempla la reforma de la Administración Local que se encuentra en la fase de redacción del preceptivo informe al Consejo de Ministros para que éste decida en consecuencia.

Hay que reconocer que el proyecto ha tenido la virtud de  poner de acuerdo a los que van a ser “reformados”, independientemente de su adscripción política. Tirios y troyanos, alcaldes peperos, socialistas, comunistas y nacionalistas, representantes de partidos de implantación nacional, autonómica, comarcal o local, todos o casi todos, están horrorizados ante la posibilidad de perder competencias en favor de instancias superiores y ya para que les digo, si de lo que se trata es de reducir el número de personas que gracias a la hipertrofia de la administración local  viven de nuestro dinero. 

Los ciudadanos tampoco es que tengamos muy claro de que va esta reforma, bastante tenemos con intentar sobrevivir en este doloroso presente. Aunque muchísimos españoles si de lo que se trata es de reformar la administración, exigen en automático la desaparición del Senado, una idea que concita una fabulosa unanimidad. 

No digo yo que no fuera bueno hacerlo y desde luego no voy a ser yo el que defienda la pervivencia de esa cámara, pero creo que en este momento de lo que se trata es de la reforma de la administración local y que lo lógico es comenzar la tarea por la base. Una tarea que puede llevarse a cabo sin necesidad de modificar la Constitución, lo que sin duda facilita la labor del gobierno que seguramente no podría enfrentarse con garantías de éxito a un asunto tan delicado. 

Así que olvidemos aunque sea por un momento al Senado y reflexionemos sobre lo que sucede con esta reforma muy importante en sí misma, pero que también lo es por ser el primer tramo del camino que nos debe llevar a dotarnos de una Administración de un tamaño adecuado, ágil, sostenible y eficaz.

Naturalmente, lo primero es lo primero y la demagogia es un aliado muy importante para el que no está del lado de la verdad y del servicio público y en ese sentido todos los aludidos han llorado desesperadamente ante la posibilidad de la aplicación de esos recortes por el daño que éstos causarían a los administrados. Que nadie se confunda, nos dicen desde su particular púlpito, esto no es un asunto de  pasta, no se llamen a engaño, nosotros nos oponemos a la reforma por defender al vecino, por mejor servir al interés general y al servicio público.

Tienen un problema, el ciudadano ha podido comprobar en su carne y en su bolsillo, que es donde mejor se comprueban esos asuntos, que esa obviedad que se repite incansablemente por la casta política de que la bondad de la administración municipal se basa precisamente en que es “la más cercana al ciudadano” es falsa. Dando por cierto aquello de que el roce hace el cariño, la cercanía al administrado no ha producido ningún efecto benéfico, más allá de poder observar de cerca que esa proximidad no produce una mayor eficacia. La calidad de la administración local en nuestro país, lo sabemos todos, resulta deleznable en la gran mayoría de los casos, por muy cercana que sea.

La reforma pretende eficacia, racionalidad y sobre todo sostenibilidad, para entendernos que esa administración tan cercana sea eficaz y nos cueste lo justo, porque conviene recordar que los que la vamos a pagar somos nosotros, no los concejales que vayan a quedarse sin sueldo antes de final de año y sin actas a partir de las próximas elecciones.

Habrá quien diga que como estoy a favor de la reforma, lo encuentro todo bien. No es así, pero insisto una vez más en un concepto del que pretenden huir los políticos afectados. Debemos tener la administración que podamos pagar, no podemos seguir estirando más el brazo que la manga, fue bonito mientras duró pero debemos convencernos de que no somos ricos, por lo tanto resulta obligatorio que nos dotemos de los medios que nos podamos permitir.

La reforma que se propone llevar a cabo el gobierno y que entraría en vigor antes de finalizar el presente años nos ahorraría unos siete mil millones de euros en un par de ejercicios, ahorro que se produciría “gracias a la normalización de las  competencias, la consiguiente eliminación de duplicidades en los servicios y por la drástica reducción de las empresas públicas locales. Tan solo el 3% de ese ahorro se haría a costa de eliminar entidades menores y la supresión de altos cargos”.

El problema real, lo que le preocupa de verdad a alcaldes y concejales, es la pérdida de parte del poder que hasta ahora ejercían. Claman por la pérdida de derechos de los ciudadanos y sobre todo por la pérdida de autonomía local, benéfica autonomía municipal que nos ha llevado a la situación  que denuncia el Tribunal de Cuentas que tras estudiar el ejercicio correspondiente al año 2010 pone de relieve que  “un total de 394 cargos percibieron una retribución total superior al sueldo fijado para un consejero del Gobierno de su misma comunidad autónoma. Muchos alcaldes y concejales cobraron también por encima de lo que percibía un ministro del Gobierno de España. En total, el informe destaca que 306 cargos electos obtuvieron retribuciones totales superiores a las fijadas entonces para un ministro”. Un disparate que debe corregirse de inmediato, porque esto era en el 2010 y hoy estamos todavía peor.

Y  consecuente, el Tribunal insta a que las Cortes regulen - tal y como se pretende hacer en la reforma - “los baremos en materia de retribuciones máximas y que se promuevan reformas legislativas para que se establezcan límites cuantitativos a las mismas”.

Esa es la verdadera autonomía local que defienden los de la casta que viven a nuestras costillas en los ayuntamientos. Autonomía para adjudicarse sueldos astronómicos, autonomía para contratar a los amigos y familiares en la administración local y muchas cosas más. 

Si tienen duda léanse el informe del citado Tribunal de Cuentas y se darán cuenta de la desmesurada rapacidad con la que se han producido hasta ahora nuestros representantes en los ayuntamientos. Podrán ver en cifras sobre el papel lo que ya han sentido en sus bolsillos. La ignominiosa avaricia, la inconmensurable codicia que han ejercido cínica e impunemente hasta la fecha, esos que se llaman a sí mismos servidores públicos.

Sobre lo del Senado estén tranquilos, no se preocupen ustedes que también le llegará su hora.